Arley revisa una mata de papa. Se está ‘agusanando’.—Va a tocar pasar una rociada esta semana —dice. La rociada es mixta. Como muchos otros agricultores, cada vez que tiene la necesidad de combatir las plagas, mezcla herbicidas e insecticidas para erradicar a los bichos y la maleza que pueda afectar el cultivo.
—Si no usamos los químicos, ¿dígame qué hago yo con esta cosecha? Así no me la reciben.
En los campos de Colombia el glifosato se ha usado para los cultivos tradicionales desde hace varias décadas. Los tíos de Arley no recuerdan otra manera de combatir las plagas. “Mezclamos un litro de RoundUp por una caneca de 200 litros agua”, explica Arley Rivera, que estudia Ingeniería Agrónoma en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.
El RoundUp es la marca de herbicidas de Monsanto, cuyo componente activo es el glifosato. La desarrollaron en la década de los setenta. En 1974 inició su distribución comercial. Diez años más tarde, el gobierno de Belisario Betancur comenzaba la fumigación con este compuesto para combatir los cultivos ilícitos.
Su historia en los cultivos tradicionales es más difícil de rastrear. Los académicos y analistas han centrado su atención en el impacto, las implicaciones políticas y la efectividad de las aspersiones aéreas para erradicar las plantaciones de coca, marihuana o amapola, entre otros, que se usan para la producción de sustancias ilícitas. Pero, la producción académica sobre los efectos del glifosato en los cultivos de papa, arroz, tomate o fresas, así como muchos otros alimentos, ha sido escasa.
La profesora Maira Fernanda Zambrano, bacterióloga y directora del pregrado en Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada, afirma que el impacto del glifosato en un agricultor es un poco más difícil de medir porque nunca se aplica solo. La mayor dosificación es de los organofosforados (insecticidas compuestos de otros químicos, pero no del glifosato), dice. No es lo mismo, añade, rociar glifosato desde una avioneta que hacerlo con una bomba estacionaria que se usa a menor escala.
La profesora Zambrano ha trabajado con comunidades en Natagaima, Tolima, y en Puente Nacional, Santander. El análisis de su equipo de investigación se enfoca en las precauciones que deberían tomar los agricultores a la hora de usar estos herbicidas.
Para rociarlos, explica, los agricultores deberían usar sombrero grueso, guantes, un overol o pechera, una máscara con filtros de aire que hay que cambiar periódicamente, pantalón grueso y botas. Arley y su familia usan un sombrero, un tapabocas industrial, guantes, un overol de caucho y las botas del mismo material. En las regiones que ha visitado Zambrano, los campesinos dicen que se protegen el rostro con un pañuelo o una pañoleta para no aspirar directamente el químico.
Los agricultores, en general, son conscientes de los riesgos. “La mayoría de la gente de estos sectores sufre o se enferma mucho de las vías respiratorias”, cuenta Arley, que lleva cuatro años trabajando en los cultivos de su familia. “Hay otros males como la gota y el reumatismo, por la cuestión de que la gente se moja y está expuesta a estos químicos durante dos o cuatro horas, o a veces el día completo que uno dura aplicando el herbicida según la extensión que se tenga”.
Álvaro Alvarado es ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y ha hecho encuestas para analizar las prácticas agrícolas en los cultivos de papa en Tunja, Ventaquemada y Toca, en Boyacá, explica por qué no hay más precauciones: “Así sepan que les puede hacer daño, no usan el equipo completo porque tienen que comprarlo. Para ellos es una carga adicional”.
Todos coinciden en que hace falta capacitación. Muchos campesinos alteran las dosis de los agroquímicos porque ha estado lloviendo mucho o porque está haciendo mucho calor. Arley dice que las capacitaciones son escasas y que cuando una empresa arma una feria también debería preocuparse por advertirles a los compradores de los peligros de su uso.
La reestructuración del sector agropecuario, en 1993, hizo que se atomizara la responsabilidad del seguimiento y control de los agroquímicos, según Alvarado. Entre las secretarías de Agricultura de cada municipio y departamento, el Instituto Colombiano Agropecuario, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), el Invima y hasta las empresas distribuidoras de los agroquímicos debería existir un seguimiento al manejo de estos productos. Para el profesor de la UPTC, hay muchas normas y poca aplicación.
Así se usa en el campo colombiano
La profesora Zambrano cita el decreto 775 de 1990 del Ministerio de Salud (algunos de sus artículos fueron modificados en 1991 y en 2003) para resaltar que las empresas distribuidoras deberían ser las mismas encargadas de designar a un responsable para recoger los residuos de estos agroquímicos, llevarlos a un centro de acopio y ocuparse de su eliminación. Pero en las veredas de Natagaima, Motavita o Puente Nacional hay agricultores que lavan los tarros de RoundUp en los ríos y los usan después para cargar agua o leche. En estas y otras regiones del país, los campesinos llevan muchos años sin recibir capacitación.
El escepticismo frente a los cultivos orgánicos
Arley Rivera dice que palían el abandono con trabajo. Está buscando la manera de asociarse con otros agricultores para vender mejores semillas y buscar apoyos en colectivo. Desde que está estudiando es más consciente de los riesgos de los agroquímicos, pero también es escéptico frente al potencial de los cultivos orgánicos.
Diana Acevedo es fundadora y directora técnica de la organización COAS Agricultura en Medellín. Capacita y orienta a 12 campesinos en Antioquia para que sus cultivos orgánicos sean rentables y exitosos. Para ella, migrar de la agricultura tradicional a la orgánica supone un cambio de mentalidad, pero sobre todo un cambio en la nutrición del suelo.
En vez de aplicar herbicida, Acevedo y su equipo usan productos mezclados con ácido acético, ácido cítrico y sal de mar. “Lo que pasa es que tú no estás echando algo residual como un herbicida, que mata la micriobiología y luego cambia la composición nutricional de los alimentos”, explica. Esta mezcla es más costosa que un litro de RoundUp, que puede costar 20.000 pesos en las tiendas agrícolas de las veredas.
Rivera y Alvarado dicen que muchas veces los productores orgánicos terminan distribuyendo en las grandes plazas, al precio del mercado, y por lo tanto resultan perdiendo. Por eso su relación con los agroquímicos es de odios y amores. Abandonarlos supondría la pérdida de sus cultivos, pero también saben que el uso excesivo termina por afectar la tierra, sus productos y hasta la salud.
En los campos de Motavita, Arley Rivera ya tiene el ojo afinado. Mira a lo lejos y entre las distintas gamas del verde resaltan algunos terrenos negros. “Allá ya empezaron la quema”, señala con el dedo. Quince o veinte días después de sembrar, y antes de que germine la planta, los agricultores rocían con su coctel de plaguicidas para que en esa tierra, cueste lo que cueste, nazcan sus matas de papa.
Mito o realidad
En Estados Unidos, Dewayne Johnson acaba de aceptar el pago de 78 millones de dólares que una juez de California le ordenó a Monsanto para indemnizar al exagricultor porque, según él, el herbicida RoundUp incidió en el cáncer de piel que sufre y hoy se encuentra en etapa terminal.
La gigante de los agroquímicos, comprada en 2016 por la farmacéutica Bayer, quiere volver a apelar. Si en definitiva triunfa Johnson, sentaría un precedente importante para los cerca de 4.000 demandantes en Estados Unidos que también alegan que el RoundUp, y su concentración de glifosato es la causa del deterioro en su salud.
En 2015, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que el glifosato era un compuesto “potencialmente cancerígeno” para los humanos.
Una conclusión a la que llegaron luego de analizar cientos de investigaciones que evaluaban el impacto de la sustancia en humanos y animales. La profesora Zambrano explica que la IARC ubicó al glifosato en el grupo 2A (y no en el 1, en el que se encuentran las fuentes del cáncer, como el arsénico, el benceno o los rayos UV) porque hacen falta investigaciones que prueben el impacto del compuesto en la salud humana.
