La ley que así lo dispone fue aprobada en 2008 por el gobierno estatal, y los negocios de comida del estado han tenido un año para hacer la transición a productos más recomendables para la salud. Las panaderías cuentan con un año adicional para cumplir con la norma.
Los infractores se arriesgan a recibir una multa que puede ascender a los mil dólares.
