La Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía ha vuelto a arremeter contra los responsables de los canales de la gran distribución de productos para la alimentación. Desde hace meses vienen denunciando que se están vendiendo productos de primera necesidad como el aceite de oliva o la leche a precios muy por debajo del coste y ahora señalan «el nuevo engaño» que están sufriendo los consumidores «ya que les están patata (o papa) vieja procedente de Francia como si fuera fresca española y andaluza». La organización agraria señala, al menos, la vulneración de tres leyes: la de Competencia Desleal, la de Defensa de los Consumidores y Usuarios y la de Ordenación del Comercio Minorista.
Según el secretario regional de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez se está se está creando no poca confusión, en varias grandes superficies dedicadas a la alimentación, «porque aunque el etiquetado es correcto, en la información puesta en el lineal, el origen es español o andaluz. Las leyes en todo momento regulan que la información sobre los diferentes bienes y servicios tiene que ser correcta. Y la falta de veracidad en los anuncios también está prohibida. De ahí que exigimos que se inspeccionen y persigan unas prácticas anticompetitivas con las que se pretende vender productos de inferior calidad amparándose en un origen distinto».
Rodríguez recordó a los consumidores que la patata española es fresca, y no excede de un periodo de almacenamiento de dos meses, frente a la patata francesa, «que se mantiene en cámara entre diez y más meses, y a una temperatura de 4 grados, lo que provoca un deterioro en la calidad del producto. Por eso denunciamos la estrategia de Francia, que coloca sus excedentes de baja calidad, a través de la distribución, como hacen con otros productos como la leche, en mercados como el español, induciendo al error, con información y publicidad engañosa, atribuyendo el origen a España o a Andalucía».
Esta estrategia de venta está provocando, además, una caída de los precios en origen de la patata en Andalucía y España y el progresivo abandono del cultivo ya que, según detalló Rodríguez, «mientras a los productores nos pagan 10 céntimos por un kilo de patatas, el consumidor paga una media de 90 céntimos. Es una desproporción que no tiene calificación. Ya está bien. Llevamos muchos años exigiendo precios justos, mientras se sigue con una política de desregulación, que al final lo que hace es que la distribución, por su poder y posición dominante, regula los mercados de forma unilateral»
Por el momento las consecuencias de todo este fenómeno es que, informan desde UPA-A, «hemos pasado de 323.600 hectáreas en el año 1986 a poco más de 60.000 previstas en 2015. Es una situación insostenible». A tenor de esta realidad UPA presentar una denuncia formal y vuelve a exigir a las autoridades que extremen los controles porque, dijo Rodríguez, « no es posible que de una forma tan descarada se esté actuando impunemente incumpliendo las normas más básicas y destruyendo un sector absolutamente estratégico de la agricultura andaluza. Exigimos contundencia a la hora de perseguir estas prácticas engañosas y de perjuicio irreparable a los agricultores. Como las sanciones son muy bajas, al defraudador le sale rentable este tipo de negocios»
